Avelino García dice que no le teme al trabajo duro y, a sus 79 años, se sigue despertando a las 4 de la madrugada para ir a los campos de Nueva Jersey donde siembra y cosecha cultivos como rábano, cilantro, perejil, brócoli, cebolla, y tomates, desde hace más de 30 años.
“El trabajo del campo es totalmente pesado y con muchos problemitas. Por lo regular los patrones pues no tienen la paciencia que quisiéramos y todo es a base de gritos”, explica con tristeza en una entrevista con Noticias Telemundo.
El 7 de agosto, García y miles de trabajadores agrícolas que pertenecen al Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA), una organización de base que se ocupa de mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas, presentaron una demanda que solicita medidas cautelares y una sentencia declaratoria por “violación de la igualdad de protección prevista en la Constitución de Nueva Jersey”.
“El salario mínimo aquí en Nueva Jersey es de 15 dólares y a los trabajadores agrícolas se nos está dando solamente 12.50. Ese es uno de los factores que nos han obligado a luchar para que el Gobierno se convenza de que merecemos un salario digno”, afirma García, quien nació en Oaxaca, México. “También que, aparte de las 40 horas normales en la semana, si hay horas extra que se nos paguen como es debido”.
Además de CATA, la oficina en Nueva Jersey de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), y el Seton Hall Law School Center for Social Justice también participan en la demanda que alega que las exclusiones de los trabajadores agrícolas en las leyes estatales sobre salarios mínimos y horas de trabajo que les niegan la igualdad salarial, y la protección de las horas extras, son discriminatorias.
“Participamos en este caso porque los trabajadores agrícolas actualmente están excluidos del salario mínimo de nuestro estado y las leyes de horas extra. Y esta es una situación injusta e inconcebible cuando se piensa que estos son los trabajadores que están poniendo los alimentos en nuestras mesas. Y también viola nuestra constitución estatal”, dijo en una entrevista con Noticias Telemundo Farrin Anello, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nueva Jersey.
Esta es una situación injusta e inconcebible cuando se piensa que estos son los trabajadores que están poniendo los alimentos en nuestras mesas"
Farrin Anello, abogada aclu nueva jersey
Trabajo extenuante y peligroso
Según cifras oficiales del estado, en Nueva Jersey trabajan unos 25,000 jornaleros agrícolas, de los cuales 3,365 se identifican como hispanos. En la demanda, se especifica que las labores en el campo son extenuantes y exponen a los trabajadores a las variantes condiciones climáticas, desde lluvias torrenciales hasta el calor de 100 grados Fahrenheit.
El cambio climático nos ha afectado demasiado"
Avelino garcía trabajador agrícola
“El cambio climático nos ha afectado demasiado. Y también hemos luchado para que los patrones nos den la oportunidad a los trabajadores de tomar algún descanso de 10 o 15 minutos, cuando es el momento del calor intenso y que se nos proporcione suficiente agua. Pero, hasta el momento, de eso no hay nada”, afirma García.
En la demanda, CATA alega que en la actualidad, “Nueva Jersey no impone límites a las condiciones meteorológicas en las que deben trabajar los trabajadores agrícolas”, por lo que los trabajadores agrícolas enfrentan se enfrentan “a quemaduras solares, agotamiento por calor y deshidratación durante el peligroso calor del verano”. Además, se especifica que un pequeño número de trabajadores agrícolas están empleados todo el año, incluidos los que trabajan en labores como la poda de manzanos y arbustos de arándanos, “y deben trabajar al aire libre incluso en condiciones frías y ventosas”.
“Aquí se trabaja en todo tipo de clima frío, caliente, lloviendo y muchas veces son bastantes horas durante el día. Pero, al trabajador agrícola se le han negado sus derechos porque no se le está pagando lo que es el salario mínimo igual que a todos los trabajadores, y tampoco las horas extra”, explica en una entrevista Manuel Guzmán, líder organizador de CATA.
Tanto el Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew Platkin; como el Comisionado del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral, Robert Asaro-Angelo; y el Secretario de Agricultura del estado, Edward D. Wengryn, figuran como demandados en el litigio. Noticias Telemundo solicitó comentarios sobre el caso a esas agencias, y voceros autorizados del Departamento del Trabajo, la Secretaría de Agricultura y la Oficina del Gobernador respondieron que no pueden hacer comentarios “sobre ningún litigio o asunto legal pendiente”. Además, la oficina del Fiscal General afirmó que no tiene comentarios sobre la demanda.
Sin embargo, Nueva Jersey no es el único estado que presenta problemas salariales de los trabajadores agrícolas.
Recientemente, los trabajadores agrícolas de Nueva York han hecho avances para lograr prestaciones similares de las que disfrutan otros sectores laborales. A principios de este año, el estado comenzó a reducir gradualmente el umbral para ganar horas extraordinarias, hasta llegar a 40 horas semanales en 2032. En virtud de la nueva ley, las operaciones agrícolas neoyorquinas pueden solicitar un crédito fiscal para compensar el costo adicional de pagar a los trabajadores las horas extraordinarias.
“La demanda de Nueva Jersey tiene que ver sobre todo con el pago de horas extraordinarias a los trabajadores agrícolas. La Ley federal de Normas Razonables de Trabajo exime a los trabajadores agrícolas del pago de horas extraordinarias (es decir, tiempo y medio por horas superiores a 8 horas en un día o 40 horas en una semana)”, precisa Daniel Costa, director de investigación en el Instituto de Política Económica.
El investigador afirma que solo un pequeño grupo de estados han promulgado leyes estatales para el pago de horas extraordinarias a los trabajadores agrícolas, sobre todo California y, más recientemente, Nueva York. “En ambos estados se están introduciendo gradualmente a lo largo de varios años hasta alcanzar el umbral regular del que disfrutan los trabajadores de otros sectores”, asevera.
Según el último Censo Agrícola (publicado el año pasado), en 2022 había 2.2 millones de trabajadores agrícolas contratados. Esa cifra es inferior a los 2.4 millones registrados en 2017. Sin embargo, el empleo promedio anual, es de alrededor de 1.6 millones, según el Censo Trimestral de Empleo y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (lo que significa puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo).
“Eso significa que hay una proporción de 1.5 trabajadores agrícolas por cada puesto de trabajo equivalente a tiempo completo en la agricultura”, explica Costa.
Además, señala que los problemas de los trabajadores agrícolas afectan mucho a la comunidad hispana porque constituyen la mayoría de ese sector. La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, realizada por el Departamento del Trabajo, muestra que tres, entre 2021 y 2022, el 75% de los trabajadores agrícolas eran hispanos. Alrededor de 6 de cada 10 trabajadores agrícolas encuestados nacieron en México (un 61%) y, entre los trabajadores agrícolas nacidos en Estados Unidos, el 26% eran hispanos.
Tanto el investigador, como otros expertos consultados por Noticias Telemundo, indican que la situación de los trabajadores agrícolas en el futuro próximo dependerá del candidato que gane las elecciones presidenciales y las políticas que implemente en el sector que es crítico para la economía estadounidense porque, entre 2017 y 2022, se perdieron 141,733 explotaciones agrícolas, según el Censo Agrícola de 2022.
“Las granjas están cerrando porque es uno de los trabajos más difíciles en Estados Unidos. En términos de salarios no tienen protecciones adecuadas, ni horas extra, y eso afecta a muchos trabajadores de la cadena alimentaria y, al final, nos afecta a todos”, afirma Elizabeth Walle, directora de comunicaciones de Food Chain Workers Alliance, una coalición que agrupa a 31 organizaciones de trabajadores de todo el país.
Aunque el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, y la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, no se han referido de manera muy directa a la situación de estos trabajadores, sus recientes declaraciones y el trabajo que han realizado en el Gobierno federal ofrece algunas claves de sus posiciones al respecto.
La posición de Trump
En su campaña actual, el expresidente Donald Trump hace hincapié en la revitalización económica criticando cómo la Administración Biden ha lidiado con problemas como la inflación y la deslocalización de puestos de trabajo. En la Agenda 47, su sucinto programa electoral de apenas 16 páginas, se posiciona en defensa de los trabajadores estadounidenses, incluidos los del sector agrícola, prometiendo recuperar el empleo y mejorar las condiciones económicas.
Sin embargo, durante su presidencia, el líder republicano fue criticado por implementar políticas que se percibían como favorables a las grandes corporaciones agrícolas en detrimento de los agricultores individuales. Por ejemplo, revocó las normas de Barack Obama que protegían a los ganaderos de las grandes operaciones de explotación.
Además, mientras la pandemia afectaba la economía agrícola en 2020, añadió otra fuente de pagos gubernamentales a través del Programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus pero, según denuncian organizaciones no gubernamentales y medios especializados, dos tercios de los pagos de ayuda fueron a parar a los grandes productores agrícolas, como fue el caso de los 67 millones de dólares pagados a JBS USA, gigante cárnico de propiedad brasileña.
El expresidente también ha dicho que quiere implementar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos que podría afectar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados (en 2016, durante su primera campaña electoral también mencionó un plan similar que finalmente no se llevó a cabo).
Esta medida también podría afectar al sector agricultor porque, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, un 42% de los trabajadores agrícolas no incluidos en la categoría del programa de visas H-2A (permisos de trabajo temporal en Estados Unidos) eran inmigrantes no autorizados. Sin embargo, Costa advierte que esa cifra excluye a los trabajadores agrícolas que trabajan en centrales lecheras donde, según algunas estimaciones, “al menos la mitad de los trabajadores lecheros son indocumentados”.
“Ese plan de deportaciones significa que van a destrozar familias porque las van a separar. Sin embargo, hay más de 11 millones de personas indocumentadas en este país y no van a poder deportarlas a todas, pero lo que sí van a lograr es crear tanto miedo que nunca van a pedir un aumento de sueldo, no van a formar un sindicato, no van a reclamar sus derechos”, afirma Antonio De Loera-Brust, director de comunicaciones de la United Farm Workers.
Durante su Gobierno, Trump expandió el programa de las visas H-2A: sólo en 2019 se aprobaron más de 257,000 visas para trabajadores agrícolas temporales, una cifra que es más del doble de las visas aprobadas en 2014. Sin embargo, en 2020 anunció una nueva normativa que planteaba congelar los salarios de los trabajadores H-2A durante dos años. Aunque la regla fue suspendida luego de un proceso legal, algunos analistas creen que podría implementarse una medida similar si el exmandatario regresa a la Casa Blanca.
“Cuando Trump fue presidente trató de cortarle los sueldos a los trabajadores del campo. Y nosotros luchamos en las cortes para bloquear esa propuesta tan terrible, y lo logramos. Así que lo que Trump trató de hacer es quitarle dinero a trabajadores hispanos para darle más dinero a los rancheros ricos y eso puede volver a pasar”, asevera De Loera-Brust.
Cuando Trump fue presidente trató de cortarle los sueldos a los trabajadores del campo. Y nosotros luchamos en las cortes para bloquear esa propuesta"
Antonio De Loera-Brust, united Farm Workers
Noticias Telemundo contactó al equipo de campaña del expresidente Donald Trump para solicitar comentarios sobre sus propuestas para los trabajadores agrícolas, pero no obtuvo respuesta de los voceros autorizados.
Lo que Harris puede hacer
Por su parte, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris ha planteado varias propuestas que buscan apoyar a los trabajadores agrícolas a lo largo de su carrera política.
Durante su periodo como senadora, propuso la Ley de equidad para los trabajadores agrícolas de 2018, un proyecto que proporcionaría a los trabajadores agrícolas protecciones básicas de salario mínimo y pago de horas extras, además impulsó la lucha contra el cambio climático y su impacto en las comunidades rurales y desfavorecidas, incluida la inversión en energía limpia para las explotaciones agrícolas.
Como parte de la Administración actual, Harris ha apoyado las políticas impulsadas por el presidente, Joe Biden, como el impulso a la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización, también conocida como Ley PRO, y a las huelgas individuales de los trabajadores de Amazon y de la industria automovilística. Biden también presionó a los fondos de pensiones para que no impugnaran las elecciones sindicales y este año aprobó una norma que prohíbe a los empresarios tomar represalias contra los trabajadores agrícolas que se encuentran en Estados Unidos con visados temporales H-2A y tratan de formar sindicatos.
Además, en su cargo de vicepresidenta Harris presidió el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Organización y Capacitación de los Trabajadores que en febrero de 2022 publicó un informe en el que propone ampliar la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por su sigla en inglés) para cubrir a los trabajadores domésticos y agrícolas, que actualmente carecen de muchas de las protecciones otorgadas a otros trabajadores. Con esa medida se pretende mejorar sus derechos y proporcionarles un mayor apoyo a la hora de organizarse y negociar colectivamente.
“Desde que fue fiscal general de California, Kamala Harris siempre ha luchado por sueldos más dignos para los trabajadores hispanos. Cuando fue senadora luchó por una reforma migratoria y por los derechos de los campesinos. Como vicepresidenta, propuso leyes federales que protegerían los sueldos de los trabajadores del campo y eso es algo que seguirá con su liderazgo”, afirma De Loera-Brust.
En el informe de 2022, la vicepresidenta pide revisar el código fiscal para que sea más favorable a los trabajadores, permitiendo que las cuotas sindicales sean deducibles de impuestos. Además, propone eliminar las deducciones fiscales para los empresarios que participen en actividades antisindicales, desincentivando así las prácticas que socavan los derechos de los trabajadores.
A lo largo de su campaña, Harris ha hecho hincapié en su compromiso con el trabajo organizado, lo que refleja una continuación de la postura pro-sindical de la Administración Biden. “Queremos un futuro en el que ningún niño tenga que crecer en la pobreza, en el que todos los mayores puedan jubilarse con dignidad y en el que todos los trabajadores tengan la libertad de afiliarse a un sindicato”, dijo en un discurso el 25 de julio, poco antes de ser la candidata demócrata.
En su plan económico, Harris ha destacado la importancia de crear oportunidades de empleo y garantizar salarios justos para todos los trabajadores, incluidos los del sector agrícola. También se ha comprometido a abordar los elevados costos de vida, que afectan directamente a los trabajadores agrícolas y a sus familias.
“Hace poco la vicepresidenta dijo en un discurso que en primer lugar buscaría la aprobación de la Ley de Reforma de la Inmigración, que también incluiría a los trabajadores agrícolas. Ese proyecto de ley bipartidista no se aprobó en el Senado, pero es muy importante y eso habla mucho de sus prioridades si gana la presidencia. Ella va a pensar en los trabajadores agrícolas”, afirmó Lorette Picciano, directora ejecutiva de Rural Coalition, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los trabajadores de zonas rurales.
Noticias Telemundo contactó al equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris para solicitar comentarios sobre sus propuestas para los trabajadores agrícolas, pero no obtuvo respuesta de los voceros autorizados.
"En el fondo es una ley racista"
Para muchos expertos, las actuales batallas legales por el salario mínimo y el pago de horas extra de los trabajadores agrícolas se remontan a 1938 cuando se promulgó la Fair Labor Standards Act, la ley que estableció varias de las protecciones laborales que siguen definiendo el trabajo en Estados Unidos como el salario mínimo, la semana laboral de 40 horas, el pago de las horas extraordinarias y la prohibición del trabajo infantil.
Los trabajadores agrícolas fueron excluidos de esa ley, como parte de un compromiso político. El presidente Franklin D. Roosevelt dependía de los votos de los demócratas del sur en el Congreso para aprobar su amplio paquete legislativo del New Deal. Y los demócratas del sur estaban en deuda con los propietarios agrícolas blancos que dependían de la mano de obra barata de los trabajadores negros. “La mano de obra barata y no regulada constituía la columna vertebral del sistema de plantaciones, y los legisladores sureños lucharon con ahínco para evitar el aumento de los salarios y los costos de las horas extraordinaria”, escribió Autumn Canny, abogada de Iowa, en un ensayo publicado en el Drake Journal of Agricultural Law en 2005.
“Hay evidencia de que la razón para la exclusión de los trabajadores agrícolas era el racismo de esa época. La mayoría de los jornaleros eran personas negras y los congresistas del sur no querían darle derecho al salario mínimo. En el fondo es una ley racista que afectaba a los trabajadores negros y ahora mismo a los trabajadores latinos”, afirma Alejandro Ortiz, abogado de la oficina nacional de la ACLU.
En 2019, el gobernador Phil Murphy firmó un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo de Nueva Jersey en al menos un dólar por año hasta que alcanzara al menos 15 dólares por hora. En la actualidad, el salario mínimo por hora para la mayoría de los trabajadores de Nueva Jersey es de 15.13 dólares, pero una excepción en la ley exime a los trabajadores agrícolas del mismo ritmo de aumentos salariales. Según CATA, los trabajadores agrícolas cobran ahora un salario mínimo de 12.81 dólares por hora, pero varía.
“Mucha gente no sabe que a los trabajadores agrícolas se les paga legalmente menos que a otros trabajadores por hora y que pueden trabajar 70 horas a la semana y no ganan horas extras”, asevera Ortiz.
Según Ortiz, Ferrin, y otros expertos legales, con las normas actuales, los trabajadores agrícolas no alcanzarán el salario mínimo de 15 dólares hasta 2027 y no llegarán a la “paridad salarial” con otros trabajadores del estado hasta 2030. “Esas exclusiones se tienen que acabar”, comenta Ortiz.
Hay más de 9,900 granjas en Nueva Jersey que ocupan 750,000 acres y son muy conocidas por sus arándanos y pimientos, al punto de figurar entre los principales cultivadores de esos productos en el país. En esos campos, Avelino García ha pasado buena parte de su vida y dice que “uno aprende a amar el trabajo”.
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“Nos sentimos olvidados tanto por la sociedad como por parte del Gobierno. Nadie voltea la vista hacia nosotros y no toman en cuenta el trabajo que realizamos donde el producto que se levanta en los campos llega a todos los hogares del país”, afirma García.
Según ACLU, si la demanda tiene éxito el tribunal emitiría una orden eliminando las exclusiones de los trabajadores agrícolas de la ley. Con ese dictamen, el fiscal general y los funcionarios de trabajo y agricultura se encargarían de hacer cumplir la ley para garantizar que los trabajadores reciban los mismos salarios.
“Solo queremos el mismo salario que los demás, y tenemos la esperanza de una reforma migratoria. Eso es lo que siempre se ha pedido, pero nada. Nosotros somos gente de bien, y después de pasar toda la vida en el campo ni siquiera tengo papeles”, concluye García.
