Por Jane C. Timm — NBC News
Esternita Watkins, de 42 años, se naturalizó como ciudadana de Estados Unidos hace casi dos, con un vestido verde y una gran sonrisa en una ceremonia celebrada en Montgomery (Alabama).
Llevaba viviendo en el país desde 2015, cuando llegó de Filipinas con una visa de prometida para casarse con Christopher Watkins, de 54 años, ahora su marido, al que había conocido en Facebook. Poco después de obtener la ciudadanía se registró para votar y deseaba estrenarse en las elecciones presidenciales de este año.
Pero este mes recibió una carta en la que el secretario de Estado de Alabama, el republicano Wes Allen, había detectado un número de identificación de no ciudadano y desactivado su registro de votante.
Para demostrar su ciudadanía y votar en noviembre, decía la carta, tendría que rellenar de nuevo el formulario de registro de votantes.
“Estoy enojada porque me había esforzado para ser ciudadana estadounidense y poder votar”, dijo Watkins, añadiendo que el proceso de naturalización había sido caro. Se sintió incómoda con la carta, como si se tratara de algo político, y dijo que no estaba segura de querer registrarse de nuevo para ejercer su derecho al voto.
Con funcionarios republicanos en todo el país, como hizo Allen, lanzando un esfuerzo renovado para prevenir que personas que no son ciudadanos puedan votar –lo que ya es ilegal y extremadamente inusual—, son los recién naturalizados como Esternita Watkins los que pueden verse más afectados por purgas del padrón electoral, denuncian los activistas defensores del derecho al voto y abogados.
“Tal vez la primera vez que un funcionario electoral trató de hacer esto, se podría decir: ‘OK, realmente no lo pensaron bien’”, indicó Danielle Lang, director de derecho al voto en el Campaign Legal Center, un grupo de Washington, D.C. “Pero siguen haciendo lo mismo, a pesar de que saben que cada vez lo que sucede es que miles y miles de ciudadanos naturalizados son acusados de un intento fraudulento de voto, siendo señalados de cometer delitos graves y poniendo su estatus de ciudadanía en duda”, agregó.
Allen anunció en agosto que había tramitado ya 3,251 registros de votantes para ser eliminados dentro de un nuevo proceso que señala a cualquier persona en las listas de votantes del estado con un número de identificación de no ciudadano. Allen compartió la lista con el fiscal general para “una mayor investigación y posible enjuiciamiento penal”, afirmó su oficina en un comunicado.
“Cada ciudadano naturalizado en Alabama tiene un número de inmigración, todos y cada uno”, aseveró Lang. Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, 3,998 personas se naturalizaron en Alabama en 2022. El año anterior fueron 1,614.
Allen forma parte de una serie de funcionarios republicanos que anunciaron medidas enérgicas contra el voto de los no ciudadanos antes de las elecciones presidenciales. Otros de Texas, Virginia y Ohio han dicho recientemente que están eliminando a los no ciudadanos de sus listas de votantes. El líder de la Cámara federal de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha defendido la aprobación de leyes para exigir pruebas de ciudadanía para votar.
El expresidente republicano Donald Trump y sus aliados afirman, sin pruebas, que el voto de los no ciudadanos está muy extendido y que los demócratas quieren dejarlos votar en noviembre. Activistas y expertos replican sin embargo que hay pocas pruebas de que los no ciudadanos se registren o voten de forma masiva.
Allen admitió en un comunicado en el que anunciaba el proceso que es posible que algunos ciudadanos naturalizados queden atrapados en este proceso, pero indicó que podían rellenar un formulario para volver a registrarse para votar.
Watkins, sin embargo, ya demostró su ciudadanía al registrarse para votar hace dos años, mostrando su certificado de naturalización, dijo su marido, Christopher Watkins, añadiendo que presentar otro formulario más era una “carga”, y destacando que, en su opinión, todo esto es un intento de supresión del voto.
Los esfuerzos para descubrir por qué su esposa terminó en la lista fueron infructuosos, agregó. Oficiales locales le instaron a llamar a la oficina de Allen, que aseveró que ella había sido marcada por una infracción de tráfico. Pero Esternita Watkins no conduce, aseveró.
“Estaba encendido”, se lamentó Christopher Watkins, “este Wes Allen, ¿qué le da derecho a considerarla no ciudadana?”.
La carta que Esternita Watkins recibió del condado decía que debía estar registrada para votar dos semanas antes de la elección, pero cuando fue presionado por NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, Allen dijo que los votantes elegibles podían actualizar su registro el día de las elecciones mediante un formulario online. La carta que recibió Esternita Watkins no mencionaba esa opción.
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Una coalición de 11 grupos de defensa del voto y de los derechos de los inmigrantes, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la Liga de Mujeres Votantes, el Centro Legal de Campañas y la Coalición de Alabama por la Justicia de los Migrantes, sostuvieron que el proceso de Allen violaba la ley federal del voto.
Argumentaron que el nuevo proceso viola la Ley Nacional de Registro de Votantes por varias razones, incluyendo la eliminación de votantes de las listas demasiado cerca del día de las elecciones y la discriminación contra los ciudadanos naturalizados. Exigieron que Alabama detuviera el proceso y solicitaron una serie de documentos sobre el desarrollo y el uso del programa.
Allen aún no ha respondido a su carta, aseguró Lang, del Campaign Legal Center. Allen le dijo a NBC News en un comunicado que “no se doblegará ante las amenazas de grupos de activistas ultraliberales que no se detendrán ante nada en su búsqueda de que los no ciudadanos permanezcan en las listas de votantes de Alabama”.
En su declaración, Allen también estipuló que había solicitado mejores datos al Gobierno federal, pero que le fueron denegados.
“Repetidas solicitudes al Gobierno federal de Estados Unidos para obtener un listado de los no ciudadanos que residen actualmente en Alabama fueron denegadas”, comentó, “esta falta de cooperación nos llevó a mi equipo y a mí a enfocar la cuestión de otra manera”.